Pese a la disposición en contrario de esa
institución, cuya función consiste, a nuestro juicio, más en lavar la
cara del Estado, encubriendo sus excesos y abusos, que en defender los
derechos de los “ciudadanos”, la Defensora del Pueblo, en su informe
anual del 2012, reconoce muchas situaciones de vulneración de
derechos, tanto en el ámbito carcelario como en otros.
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