Contexto:
El porcentaje de gente enferma de
hepatitis C en las cárceles es muy superior al de la calle. Según datos
de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria, un 22% de la población
reclusa (unas 14.000 personas) está afectada por el VHC y, de ese
porcentaje, un 40,5% –o sea, casi un 10 % de las personas presas: unas
6300– tiene también VIH. La propia Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias reconoció en 2013 el fallecimiento de ocho personas
presas a causa de la hepatitis C, dos más que el año anterior, aunque la
población reclusa había disminuido. La actitud de la autoridad
carcelera ha sido en todo momento restringir por todos los medios
posibles, para ahorrarse unos euros, el acceso de las personas presas,
ya no a los nuevos tratamientos, sino a los que habían salido
anteriormente al mercado, no tan eficaces como los actuales, pero
bastante más que el interferón que se estaba administrando en las
cárceles, de terribles efectos secundarios: prohibiendo su prescripción a
los médicos bajo sus órdenes; excluyendo a los coinfectados;
estableciendo cupos; poniendo como condición para su administración el
traslado a un hospital de Madrid; negándose a pagarlos, aunque tuviera
que entrar en litigios con las comunidades autónomas, y llegando incluso
a desobedecer varias sentencias judiciales que le obligan a ello. De
manera que el gasto en tratamientos de hepatitis C bajó un 26,04% entre
2012 y 2013 y un 48% desde 2006.
