Hablar de cárceles y derechos
fundamentales puede parecer, a primera vista, una contradicción interna
dado que el estatuto jurídico de la persona presa fue configurado como
el de un ciudadano de segunda categoría (Rivera Beiras). Para
contextualizar el sombrío mundo penitenciario baste citar una noticia
reciente: El
Ministerio del Interior restringió por falta de presupuesto un
tratamiento que duplica las opciones de curación para los pres@s que
sufren hepatitis C, una enfermedad que afecta casi al 25% del
población reclusa. En escritos remitidos a los responsabeis médicos de
las prisiones, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias
asume que no hay dinero para tratar a todos los reos que podrían
beneficiar de los nuevos fármacos y establece un “cupo”, y la
correspondiente lista de espera, de enfermos que podrían ser tratados en
función de la disponibilidade presupuestaria. En este contexto, hablar
de derechos fundamentales es un cruel sarcasmo.
Asumamos mientras el peligro aunque sólo
sea para desvelar, con hechos documentados, la inmensa estafa ética que
la jerarquía penitenciaria perpetra cuando afirma que en las cadenas son
respetados los derechos de los reclusos.
Lo que es posible documentar
Un primer hecho documentado es la
práctica sistemática de la dispersión penitenciaria. De las 3.066
personas presas de origen o residencia habitual en Galicia que hay
actualmente en el estado español, 538 están internas en cárceles de
fuera del país, 84 de ellas en situación de prisión preventiva y 454
penadas. El gobierno español no justifica las razones en que basaron los
responsables de Instituciones Penitenciarias la decisión de dispersar
personas nacidas o arraigadas en Galiza por diferentes cárceles del
Reino de España y resuelve la cuestión argumentando que “el destino de
los internos a un determinado centro penitenciario está condicionado por
diversos criterios que vienen previstos en la normativa penitenciaria y
que están ligados a la resolución de la clasificación penitenciaria”.
Afirmación que en absoluto esclarece una de las cuestiones centrales que
motivaron la pregunta parlamentaria de la que deriva esta información:
por qué son alejadas estas personas de su contorno familiar y que
medidas piensa tomar el gobierno para correjir esa situación. Es
importante reseñar que esta política no se justifica por falta de
disponibilidad de plazas en Galicia ya que el total de personas penadas
o preventivas de origen o residencia gallega que están actualmente en
prisión no ultrapasa la capacidad teórica de las cárceles ubicadas en el
país (3.105 plazas) y es claramente inferior a la ocupación real (un
mínimo de 4.861 personas). No existiendo razones estructurales, la única
justificación de esta política penitenciaria no es otra que un castigo
añadido a la privación de libertad.