Contexto:
El porcentaje de gente enferma de
hepatitis C en las cárceles es muy superior al de la calle. Según datos
de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria, un 22% de la población
reclusa (unas 14.000 personas) está afectada por el VHC y, de ese
porcentaje, un 40,5% –o sea, casi un 10 % de las personas presas: unas
6300– tiene también VIH. La propia Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias reconoció en 2013 el fallecimiento de ocho personas
presas a causa de la hepatitis C, dos más que el año anterior, aunque la
población reclusa había disminuido. La actitud de la autoridad
carcelera ha sido en todo momento restringir por todos los medios
posibles, para ahorrarse unos euros, el acceso de las personas presas,
ya no a los nuevos tratamientos, sino a los que habían salido
anteriormente al mercado, no tan eficaces como los actuales, pero
bastante más que el interferón que se estaba administrando en las
cárceles, de terribles efectos secundarios: prohibiendo su prescripción a
los médicos bajo sus órdenes; excluyendo a los coinfectados;
estableciendo cupos; poniendo como condición para su administración el
traslado a un hospital de Madrid; negándose a pagarlos, aunque tuviera
que entrar en litigios con las comunidades autónomas, y llegando incluso
a desobedecer varias sentencias judiciales que le obligan a ello. De
manera que el gasto en tratamientos de hepatitis C bajó un 26,04% entre
2012 y 2013 y un 48% desde 2006.
En la calle, en vista de que, también
por motivos económicos, se estaban negando los nuevos tratamientos a las
personas enfermas, han ido surgiendo plataformas de afectados en todo
el territorio dominado por el Estado español para reivindicar que se
pongan al alcance tde odo el mundo, incluida la gente presa. Con eso y
que estamos en “año electoral”, algo ha variado la situación. En marzo
de 2015, el ministerio de sanidad proponía a las comunidades autónomas
un “plan estratégico contra la hepatitis C” que era aceptado por casi
todas, para atender con los nuevos fármacos en los próximos tres años a
52.000 enfermos, de los más de 700.000 que, según las organizaciones de
afectados, hay en el territorio del Estado español. Se hablaba de un
sistema de financiación a crédito todavía “por discutir” y de pactos con
los laboratorios farmaceúticos de ir bajando el precio a medida que la
demanda vaya siendo mayor. Se ha hablado también últimamente de una
partida presupuestaria para el 2016 de 20 millones para tratamientos de
la hepatitis C en las cárceles, cantidad que, por otra parte, sólo
alcanzaría para unos 700. Pero, por ahora, la autoridad carcelera
continúa negándose a poner un céntimo para cuidar a la gente encarcelada
y afectada por el VHC, Sólo se están atendiendo los casos más graves en
las “autonomías” que se están haciendo cargo de la financiación.
Los días 25 y 26 de julio, se reunieron
en Valladolid parte de las plataformas de afectados, para constituir una
coordinadora y actuar de común acuerdo exigiendo al Estado, entre otras
cosas, que financie suficientemente el llamado “plan nacional para el
abordaje de la hepatitis C”; que se realice “una campaña de información y
detección de la hepatitis C mediante la búsqueda activa de la
enfermedad, ya que gran parte de la población afectada desconoce que lo
es”; que se proporcionen los tratamientos de última generación, sin
discriminación territorial o del tipo que sea, a todas las personas
afectadas, incluidos niños, independientemente de la fase de la
enfermedad en que se encuentren; que la población reclusa afectada
reciba, como marca la ley, la asistencia sanitaria y los tratamientos de
última generación en las mismas condiciones que en la calle… Y
decidieron convocar a las personas participantes en todas las
plataformas de afectados a concentrarse el 26 de septiembre en las
puertas de las cárceles o frente a las delegaciones del gobierno de cada
territorio. También se grabó en video una “performance” reivindicativa
para difundirla en internet.
La gente de la plataforma de afectados
por la hepatitis C de Valladolid se había concentrado ante la cárcel de
Villanubla los días 15 y 16 de mayo, en horario de comunicaciones,
informando a quienes entraban y salían de que los presos y las presas
tienen los mismos derechos que el resto de la población y denunciando la
discriminación que se les aplica. El 14 de junio, gente de la
plataforma de afectados de Palencia hizo lo mismo ante la cárcel de
Dueñas. El 10 de julio, hubo otra concentración ante el juzgado de
vigilancia penitenciaria de Asturias en Oviedo, con participación de
grupos libertarios y anticarcelarios y de la plataforma de afectados
asturiana, en la que se denunciaba, entre otras, la misma situación. El
28 de julio, “día mundial de la hepatitis C”, las personas de la
plataforma de La Rioja, se concentraron ante la cárcel de Logroño,
reivindicando “tratamiento para todos”. La plataforma de Galicia hizo el
mismo día una ofrenda floral ante el monumento a Concepción Arenal en
Vigo expresando la misma exigencia; un acto similar se celebró en
Ferrol.
El 25 de septiembre, las plataformas de
afectados de La Rioja, Cuenca, Albacete, Palencia, Segovia, Valladolid,
El Bierzo, León, Barcelona, Salamanca, Tenerife, Zaragoza, Ciudad Real,
Asturias, Galicia, Valencia… cursaron escritos dirigidos al Ministerio
de Sanidad, a las administraciones autonómicas y a Instittuciones
Penitenciarias, pidiendo datos sobre incidencia y tratamiento de la
hepatitis C en las prisiones. Algunos grupos se dirigieron también a las
direcciones de las cárceles solicitando la entrada en ellas para
informar a las personas presas. En Vitoria hubo una concentración ante
la sede del Ararteko.
El 26, unas cien personas de la
plataforma de la Rioja hicieron una marcha a pie desde el hospital de
Logroño hasta la cárcel, ante cuya puerta se concentaron. La gente de
las plataformas de Valladolid, Palencia y Segovia acudió ante la cárcel
de Villanubla el 26 y ante la de La Moraleja el 27. También se
concentraron el día 26 las plataformas de El Bierzo y León, frente a la
prision de Mansilla de las Mulas, y la de Asturias ante la cárcel de
Villabona, con participación de alguna ONG y gente libertaria. En
Salamanca, Albacete y Valencia, donde participaron las palataformas de
esa ciudad y la de Alicante, algún grupo libertario y una coordinadora
de asociaciones relacionadas con el VIH y la hepatitis C, hubo
concentraciones ante las delegaciones del gobierno. En Madrid, personas
de un grupo libertario pro presos se concentraron ante la cárcel de
Valdemoro.
El 30 de septiembre, la plataforma de
afectados de Galicia convocó una concentración, a la que acudieron más
de 50 personas, ante el Parlamento autónomico en Santiago reivindicando
tratamientos para las 850 personas presas enfermas en el territorio
gallego. Algunas personas asistentes increparon desde la tribuna a los
parlamentarios que se oponían a que la administración autonómica se haga
cargo de los gastos. En Madrid y Valencia, grupos anarquistas
anticarcelarios han empezado a acudir a las puertas de las prisiones en
horario de visitas para informar a los familiares y proponerles que se
sumen a la movilización. La coordinadora de afectados por la hepatitis C
ha convocado para el 20 de noviembre a todas las personas simpatizantes
con esta lucha a participar en una acción reivindicativa ante el
ministerio de sanidad en Madrid.
Estos testimonios de solidaridad y apoyo
por parte de gente de la calle rompen claramente las condiciones de
incomunicación y aislamiento mutuo impuestas a los dominados por los
aparatos de poder. Al plantear públicamente esta cuestión de la
discriminación de las personas presas en el tratamiento de la hepatitis C
se pone también en evidencia el abandono sanitario en las cárceles, uno
de los principales factores que hacen de ellas máquinas asesinas y
debilitadoras de quienes caen entre sus engranajes. Resulta positivo que
una parte significativa de la población (hay un mínimo de 700.000
afectados) se dé por fin cuenta de que los presos no son sencillamente
los malos o los estúpidos que sufren por serlo un merecido castigo, sino
gente de abajo, como ellos, a quienes la administración niega las
prestaciones sanitarias y el reconocimiento de sus “derechos
fundamentales”. Ya que de ahí puede surgir directamente no sólo el
sentimiento, la idea y la experiencia de la solidaridad, sino la
deslegitimación frente a ella del poder punitivo del Estado. Si las
personas presas afectadas, sus familiares y amistades se animaran a
unirse a la lucha, y la presión desde abajo llegara a obligar al Estado a
atender sus reivindicaciones, lograrían una buena experiencia de su
propia fuerza, un primer paso hacia la rebelión frente a todos los
abusos que se cometen cotidianamente en las cárceles y frente al abuso
total que supone su misma existencia.
Sea como sea, todo hace pensar que tanto
en la calle como en la cárcel va a ser necesaria la movilización para
logar que los tratamientos anti VHC de última generación estén al
alcance de todo el mundo, porque hay claros indicios de que los planes
del gobierno, de por sí insuficientes, pueden resultar fácilmente papel
mojado, por falta de recursos económicos y voluntad política de
desarrollarlos más allá de la demagogia. Sabemos por experiencia que no
podemos fiarnos de las promesas de los políticos y que los gobiernos y
administraciones, especialmente la penitenciaria, no reconocerán en la
práctica nuestros derechos a no ser que, de algún modo, les obliguemos.
Para empezar, recordamos a las personas presas, a sus familiares y
amistades, y a las asociaciones y grupos de apoyo, la urgencia de
iniciar los trámites legales para exigir los mismos tratamientos que se
están dando o reivindicando en la calle. Para lo cual, quizá sean útiles
las siguientes indicaciones:
Diagnóstico y prescripción:
Si tienes hepatitis C, estás en la
cárcel y quieres luchar por que se te trate con los medicamentos de
última generación, lo primero que tienes que conseguir es que el
tratamiento te sea prescrito por el médico especialista, sin lo cual no
hay nada que hacer. El que te tiene que derivar al especialista es el
médico de la cárcel. En algunas cárceles, sabemos que se está
disponiendo (prestado por el sistema nacional de salud) del instrumental
necesario para efectuar el “FibroScan” por el que se determina el grado
de fibrosis hepática.
Según la “Estrategia terapeútica” publicada en abril del 2015 por el ministerio de sanidad, tienen prioridad para recibir los nuevos tratamientos, los pacientes, tanto monoinfectados como coinfectados con VIH, que sufran fibrosis hepática en grados de F2 a F4 (según biopsia hepática o FibroScan en los 6-12 meses previos al inicio del tratamiento); los pacientes en lista de espera para trasplante hepático; los trasplantados a los que se les haya reproducido (“recidiva”) la infección después del trasplante; los pacientes que no hayan respondido a triple terapia con inhibidores de la proteasa de primera generación; los trasplantados no hepáticos con hepatitis C, independientemente del estadio de fibrosis hepática; los pacientes con hepatitis C y manifestaciones extrahepáticas del VHC clínicamente relevantes (crioglobulinemia, alteraciones renales, porfiria cutánea y alteraciones hematológicas), independientemente del grado de fibrosis hepática. También está indicado el tratamiento, independientemente del grado de fibrosis, en personas con alto riesgo de transmisión en función de su situación social-profesional y en mujeres en edad fértil con intención de quedarse embarazadas.
Según la “Estrategia terapeútica” publicada en abril del 2015 por el ministerio de sanidad, tienen prioridad para recibir los nuevos tratamientos, los pacientes, tanto monoinfectados como coinfectados con VIH, que sufran fibrosis hepática en grados de F2 a F4 (según biopsia hepática o FibroScan en los 6-12 meses previos al inicio del tratamiento); los pacientes en lista de espera para trasplante hepático; los trasplantados a los que se les haya reproducido (“recidiva”) la infección después del trasplante; los pacientes que no hayan respondido a triple terapia con inhibidores de la proteasa de primera generación; los trasplantados no hepáticos con hepatitis C, independientemente del estadio de fibrosis hepática; los pacientes con hepatitis C y manifestaciones extrahepáticas del VHC clínicamente relevantes (crioglobulinemia, alteraciones renales, porfiria cutánea y alteraciones hematológicas), independientemente del grado de fibrosis hepática. También está indicado el tratamiento, independientemente del grado de fibrosis, en personas con alto riesgo de transmisión en función de su situación social-profesional y en mujeres en edad fértil con intención de quedarse embarazadas.
Si estás dentro de estos criterios
médicos, tienes derecho a exigir a tu médico que te solicite el
tratamiento. Pídele una copia de la solicitud donde conste la fecha y el
tratamiento solicitado. En el plazo de unos días deberían comunicarte
la resolución de la solicitud. Si no estás conforme con el diagnóstico o
el tratamiento prescrito por tu médico, tienes derecho a pedir una
segunda opinión médica en el centro hospitalario que te corresponda.
Documentación:
Aunque es aconsejable disponer de esa
información desde el momento en que te propones intentar conseguir el
tratamiento, si te lo niegan y quieres seguir reclamándolo, es
imprescindible disponer de la historia clínica, tanto la penitenciaria
como la que se encuentre en los hospitales. Para conseguirla, la persona
presa la ha de solicitar tanto a instituciones penitenciarias como al
hospital donde haya sido tratada. La parte de la prisión se ha de pedir
por instancia y recurrir al juzgado de vigilancia en caso de que no la
proporcionen. En cuanto al sistema sanitario general, dependiendo del
funcionamiento de cada centro hospitalario, en dos o tres semanas se
puede disponer de la historia clínica completa. Si no se quiere hacer
desde dentro de prisión, se puede dar una autorización escrita a algún
familiar para que la solicite directamente al hospital. En algunos
casos, puede ser necesario un poder notarial.
En relación con eso, la ley reconoce a
cualquiera los siguientes derechos: 1) derecho a que la historia clínica
sea completa y recoja toda la información sobre el estado de salud y
las actuaciones clínicas y sanitarias de los diferentes episodios
asistenciales y a acceder a toda la documentación correspondiente; 2)
derecho a recibir la información sobre el proceso asistencial y estado
de la salud y a disponer de ella por escrito; 3) derecho a escoger entre
las diferentes opciones terapéuticas y a renunciar a recibir
tratamientos médicos o a las actuaciones sanitarias propuestas.
Una vez en tu poder la historia clínica,
hay que solicitar ser visto por el especialista de digestivo y que se
realicen las pruebas correspondientes. En el informe médico resultante,
deben constar los datos siguientes: a) carga viral, genotipo y subtipo
del VHC; b) grado de fibrosis hepática (según biopsia o FibroScan); c)
en caso de cirrosis descompensada o de tratamiento fallido, historia de
tratamiento de la hepatitis C, dejando claro de qué tratamiento se trata
y cuál ha sido la respuesta al mismo, si no ha habido tratamiento,
basta con hacerlo constar; d) presencia o ausencia de carcinoma
hepatocelular; e) todos los datos correspondientes, en caso de
trasplante o espera del mismo, “manifestaciones extrahepáticas”,
coinfección, etc.
Recursos:
En caso de que cumplas los criterios
médicos y tu médico no solicite tu tratamiento o el centro hospitalario
lo deniegue, puedes hacer una reclamación al servicio de atención al
usuario de tu centro hospitalario y, a continuación, enviar la
reclamación a la consejería de salud de la comunidad autónoma donde se
encuentra el centro penitenciario. Con toda la documentación, hay que
dirigirse al juzgado de vigilancia correspondiente y reclamar que la
administración cumpla su obligación legal de proteger el derecho a la
salud, y proporcione el tratamiento atendiendo al derecho a la igualdad
en el trato de la persona presa con la que está en libertad. Si en una
comunidad autónoma el tratamiento se le está dando a una persona que
está en libertad, es obligatorio que se dé también a quien se encuentra
en prisión.
Tanto si los juzgados de vigilancia
penitenciaria se resisten a cumplir sus funciones de “tutela de los
derechos” de las personas presas, como en el caso de que se paralice el
proceso terapeútico al presentar Instituciones Penitenciarias
alegaciones varias sobre competencias a la hora de pagar el tratamiento,
sería indispensable el apoyo jurídico para llevar el asunto a las
instancias judiciales superiores, por lo que, dependiendo de si la
comunidad autónoma tiene o no servicio de orientación
jurídico-penitenciaria, y de si funciona adecuadamente el turno de
oficio penitenciario, habría que contactar con plataformas de afectados,
grupos de apoyo o alguna organización de defensa de los derechos
humanos.
¡Enfermedad y cárcel: doble condena!
¡Tratamiento sin discriminación!
¡Tratamiento sin discriminación!
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