Extraido de Boletin Tokata
El Ministerio del Interior ha restringido
por falta de presupuesto un tratamiento que duplica las opciones de
curación para los presos que sufren la forma más habitual de hepatitis
C, una enfermedad que afecta a casi el 25% de la población reclusa,
según los datos que maneja la Sociedad Española de Sanidad
Penitenciaria. En diversos escritos remitidos a los responsables médicos
de las prisiones, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias
asume que no hay dinero para tratar a todos los reos que pueden
beneficiarse de los nuevos fármacos, por lo que ha establecido un “cupo”
de pacientes y ha creado una lista de espera para irles tratando en
función del presupuesto.
La Agencia Española del Medicamento
aprobó a finales de 2011 un nuevo tratamiento que aumenta las
expectativas de curación de los enfermos de hepatitis C, especialmente
los infectados por el genotipo 1, que es la forma más común en la que se
presenta el virus (el 75% de los casos). El tratamiento se basa en una
triple terapia que une un nuevo fármaco (boceprevir o telaprevir) a los
medicamentos habituales que se empleaban hasta ahora para este tipo de
hepatitis (interferón pegilado y ribavirina).
Según diversos estudios manejados por
la agencia del medicamento, con la medicación clásica se curaban entre
el 40% y el 50% de los infectados por el genotipo 1; con la triple
terapia, se cura más del 75%.
La agencia estableció en febrero de
2012 unas recomendaciones de uso de este tratamiento en las que
especifica para qué tipo de pacientes es apropiado. Estos son los
criterios que emplean los servicios públicos de salud de las comunidades
autónomas, donde la triple terapia lleva administrándose un año,
aunque, según una denuncia de la Asociación Española para el Estudio del
Hígado, algunas comunidades como Asturias, Baleares, Aragón o Canarias
están poniendo pegas para que los enfermos accedan a la nueva terapia,
que incrementa el coste del tratamiento. Expertos consultados cifran el
precio de la medicación clásica en unos 6.000 euros por año (que es la
duración estimada de la terapia). Con los nuevos fármacos, aumenta entre
44.534 y 59.629 euros, según una publicación de la Dirección General de
Farmacia de la Comunidad Valenciana.
Pero la incidencia de la hepatitis C
en las cárceles es muy superior a la que se da fuera de ellas. Los datos
recogidos por la Agencia Española del Medicamento sitúan la tasa de
infectados por este virus en el mundo occidental entre el 1,5% y el 3%
de la población. Entre los presos, cuya atención sanitaria depende de
Instituciones Penitenciarias, la tasa es superior al 25%. La
Subdirección General de Coordinación de Sanidad Penitenciaria asumió las
recomendaciones de la agencia del medicamento para el nuevo tratamiento
contra la hepatitis C, pero impuso nuevas condiciones. Entre otras, que
los pacientes sean “penados”, es decir, que no estén en prisión
preventiva, y tengan “una expectativa de permanecer en prisión el tiempo
necesario para completar el tratamiento”.
En una circular remitida el 1 de
agosto de 2012 a todas las cárceles, Prisiones avisa de las
restricciones para estos fármacos: “En la Institución Penitenciaria se
ha establecido un cupo de pacientes a tratar, en función de la
disponibilidad presupuestaria”. Desde entonces, según Antonio López
Burgos, presidente de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria, en
las cárceles españolas se han cursado, al menos, una quincena de
peticiones para que se autorice la administración del fármaco a enfermos
que cumplen los requisitos y a los que un especialista ha prescrito el
tratamiento, pero, según López Burgos, solo se ha autorizado uno. El
médico asegura que Interior ha llegado a adelantar la puesta en libertad
de un reo para eludir el gasto y ha negado el tratamiento a otro al que
respaldó un juez de vigilancia penitenciaria.
En Cataluña, la única comunidad que
tiene transferida las competencias en prisiones, se han autorizado cinco
tratamientos de la triple terapia para una población de 10.000 presos,
frente a los más de 65.000 reclusos que albergan el resto de cárceles
españolas. “Son pacientes muy delicados. Tenemos que intervenir ahora o
podemos perderlos”, señala López Burgos, que advierte que, sin
tratamiento, la hepatitis C suele derivar en cirrosis y cáncer hepático,
en cuyo caso la única opción de supervivencia puede ser un trasplante
de hígado, que es mucho más caro de afrontar.
El hijo de Trinidad Barrera, una
mujer de 72 años vecina de Sevilla, es uno de los reclusos que está a la
espera de recibir la triple terapia. Un médico del hospital Virgen del
Rocío se lo prescribió hace meses, pero el tratamiento no llega. “El
viernes estuve hablando con el médico y me ha dicho que mi hijo necesita
estas medicinas, que se las tienen que dar ya”, cuenta Trinidad entre
lágrimas. Su hijo Manuel Jesús, tiene 40 años y lleva cinco preso por
pequeños robos y menudeo.
La mujer ha pedido ayuda al Defensor
del Pueblo Andaluz, que ha tramitado una queja ante Instituciones
Penitenciarias. La respuesta de Interior, fechada el 22 de enero,
confirma la restricción por falta de dinero: “Se ha confeccionado un
registro de este tipo de enfermos (…) y se irán tomando medidas para
irles facilitando el respectivo tratamiento a todos los enfermos, con la
periodicidad que permitan los recursos disponibles ante la
imposibilidad presupuestaria de atender de forma inmediata y concurrente
a todos los casos”. Trinidad, que lleva dos meses sin poder ver a su
hijo, cuenta que está pensando en vender su casa para costear la
terapia. “Yo lo que pido es que no se me muera en la cárcel”, solloza la
mujer.
SIN MÉDICOS POR LAS TARDES
Las restricciones para acceder a la
triple terapia contra la hepatitis C no es el único recorte denunciado
en los últimos meses por los médicos de las prisiones españolas. Hasta
ahora, las prisiones más grandes contaban con un servicio médico las 24
horas, pero desde el pasado 1 de enero varias se han quedado sin
facultativo por las tardes. “Se está haciendo una paulatina retirada de
guardias médicas de presencia física que responde a un criterio de
recortes, dado que no se han aportado estudios que justifiquen el ahorro
económico que supondría este cambio”, señala Antonio López Burgos,
presidente de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria. Esta medida
ha afectado, entre otras, a las prisiones de Murcia I, Jaén, Valladolid
y Madrid I.
“No se puede obviar el aislamiento de
las prisiones, situadas en la mayoría de las ocasiones a bastantes
kilómetros de distancia de un centro hospitalario”, señala el médico,
que advierte que estas situaciones retrasarán, “en ocasiones
dramáticamente”, la asistencia médica de urgencias de los reclusos.
Los sanitarios denuncian también las
limitaciones impuestas por Interior al editar una guía
farmacoterapéutica en la que se concretan los medicamentos que pueden
prescribir los médicos. Cuando un facultativo considera más apropiado
otro tratamiento, tiene que pedir autorización a una comisión de
farmacia centralizada en Madrid. “Frecuentemente te dicen que no, sin
más justificación que el coste económico”, señala López Burgos, que
afirma que esta práctica supone una restricción en la libertad de
prescripción.
Intormación extraída de El País
extraido de Boletin Tokata
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